Sonríen y hacen como que no va con ellos: los catalanistas no van a cumplir las sentencias judiciales, al menos cinco –según la contabilidad desesperada del catedrático Francisco Caja–, mientras en paralelo Artur Mas no para de reprochar al gobierno de ZP los incumplimientos de acuerdos verbales.
Que no vaya una cosa por otra y en los dos casos ambos tienen razón: tanto Mas como Zapatero han incumplido. Pero tampoco se pueden poner en rango de igualdad unos acuerdos verbales sobre el tema que sea (casi siempre es sobre financiación, el catalanismo finalmente se resume en pedir más dinero, siempre más dinero) y una reiterada negativa a incumplir las sentencias de distintas instancias judiciales: Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, y esto sin contar otras instancias europeas, que si no han llegado ya llegarán.
Cataluña incumple las sentencias, obviando que el judicial es uno de los tres pilares del Estado de Derecho, es decir, al incumplir las sentencias están incumpliendo la Constitución.
Me hace gracia cuando leo a la media docena de catalanistas, «los abajo firmantes ibicencos» de siempre, inasequibles al desaliento, amenazar al proyecto de ley de reforma de la Ley de la Función Pública con una denuncia al Tribunal de Estrasburgo. ¿Contarán al alto Tribunal internacional que en Cataluña se niegan a cumplir las sentencias? ¿Si ustedes se burlan del poder judicial, por qué le piden amparo? ¿O sólo creen en las leyes cuando les son favorables? Como mínimo es tragicómico.
La táctica que emplean estos nacionalistas, adornados con un fuerte deje antiespañol y no poca hispanofobia, es la de negar la inmersión lingüística y acusar al PP de romper la paz social. Pues haberla hayla, de ahí las sentencias contumaces en su contra, las sentencias que dejan bien claro que la Generalitat (o en su caso el Govern balear) ha de poner los medios pertinentes para que el alumnado pueda escoger lengua vehicular, al menos entre el catalán y el castellano o español.
No lo hacen. Al contrario, el presidente de Cataluña se va a Madrid para avisarle a Rajoy de que existen unas líneas rojas que no se deben pisar y una de ellas es el actual modelo ilegal de educación. Es fácil entender que la única línea roja de un Estado de Derecho es la Ley, y la ley de leyes es la Constitución. Todo lo demás son inventos espurios que saldrán carísimos en dinero, en preparación y en futuro a los catalanes y al resto de españoles.
Los catalanistas, sean de Capdepera o de Sant Feliu de Guíxols, algún día entenderán que no se puede gobernar ni vivir en una sociedad donde nos movemos por anhelos vocativos y por bucles melancólicos que nos llevan a la ruina, dejando por el camino muchos estragos en la trama de afectos que nos une a todos los españoles.
Ignoro lo que le contestó Rajoy a Mas, pero su ministro de Educación Wert ha comentado que «vigilaría» el cumplimiento de las leyes en Catalonia, así en el cielo como en la tierra, lo cual ha alarmado a la consejera catalana Irene Rigau: «No hay reglamentos sobre esto».
Ya los habrá, se llama Alta Inspección del Estado y espero que UpyD vaya tomando fuerza. Aparte, ay, señora Rigau, un reglamento es innecesario ante la fuerza de las 5 sentencias. Es decir, ante la fuerza de la Constitución democrática y elegida libremente por todos los españoles, incluidos los catalanes.
Diario de Ibiza
