Los ibicencos y los españoles en general sufrimos desde al menos 1978 una mareante vorágine de cambios ininterrumpidos. Primero fue para adaptar la España franquista a un régimen de libertades; más adelante las distintas regiones fueron incorporando las autonomías, distintas en cada caso y, por fin, entramos en una monstruosa organización superestatal que se acabó denominando Unión Europea. Pues bien, la coctelera todavía sigue en plena agitación, aunque siempre en el mismo sentido: se pueden introducir más leyes y más impuestos, pero es casi imposible deshacerse de una institución o de una tasa, una vez estén en funcionamiento. Impuesto que llega, es para quedarse. Estas nuevas leyes conllevan implícitas nuevas contrataciones de personal, o sea más gasto.
Y son muy hábiles, porque lejos de sentirnos confiscados, acabamos creyendo que todo es gratis. Es justo lo contrario, pagamos por todo, si no más pronto será más tarde, y si no es Pedro será Pablo o será Juana o su hermana. Si nos dijeran que trabajamos los siete primeros meses del año para pagar los diferentes gastos del Estado (en todas sus formas) no lo creeríamos y de hecho aún queda gente que no lo cree. Incluso algunos piensan que acabamos cediendo al Estado un 77% de nuestros ingresos. Estremece pensar que tengan que regular desde los despachos de Bruselas el grosor de las bridas de los caballos o las trabas de nuestras ovejas en Formentera. El diámetro de nuestras mangueras de gas o el octanaje de las gasolinas. Nuestra numeración de matrículas en vehículos o en embarcaciones, incluso los códigos de numeración telefónica. Puede parecer divertido, pero no lo es. Esta hiperregulación hay que pagarla. Y difícilmente escapará nadie, pues los controles están encadenados de forma escalonada de manera que si no te pillan un lunes, acabarás cayendo un miércoles.
El fenicio acabó en estas cavilaciones cuando estaba leyendo que Bruselas va a meter mano en el tema de los alquileres turísticos en zonas urbanas y en fincas donde viven nativos. Al parecer esta actividad comercial crea problemas en numerosos países de la UE y, como es lógico, los codiciosos e insensatos burócratas no dejarán pasar esta oportunidad para seguir marcando la pauta en la vida de los europeos. Yo creía que la Ley de Arrendamientos Urbanos ya impedía el alquiler a los hooligans que alteran el descanso a los vecinos, pero no. El Pacte quiere intervenir, pero tampoco hace nada concreto. Decían que las autonomías eran muy útiles porque conocen los problemas desde la proximidad, pero una vez más, demuestran ser trastos inservibles y carísimos. Y por esto, las leyes nos las van a hacer desde la distante Bélgica. O quitamos las autonomías o acabarán con el Estado del Bienestar. Hace años que lo escribo.
