Hay que repetirlo mil veces o las que sean necesarias: alquilar un piso o una casa no tiene por qué ser ilegal. Parece bastante lógico que si produce unos ingresos y lleva unos gastos, al final haya que declarar los beneficios a Hacienda. En cada Comunidad española tienen sus reglamentos o leyes autonómicas, pero por encima de todo, para curarse en salud, hay que liquidar con Hacienda. Obviamente algunos lo hacen y la mayoría no lo hace ni lo tiene previsto. Quizás lo piensen dos veces cuando empiecen a ver sanciones de 40.000 euros. Mientras tanto, el alquiler turístico sumergido es el boom de la economía española. Se mueven sumas astronómicas. Fuentes de la propia Hacienda han reconocido que es la mayor bolsa de fraude en España, hasta el punto que el 16% de los viajes extranjeros a nuestro país se amparan en este sistema.
De verdad, sinceramente, en Baleares pueden estar seguros que es bastante más de un 16%. En el verano del 2014 se comercializaron unos 40.000 apartamentos ilegales en el archipiélago, según cálculos ofrecidos por el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos (Aptur) de las islas, Joan Estarellas. Operan al margen de la Ley de Turismo de Baleares (2012) y de la Ley de Arrendamientos Urbanos. En consecuencia, es una sustancioso dinero que escapa al control de las haciendas locales, autonómicas y nacional.
En otros casos, estos pueden acogerse a la LAU, pero no a la Ley de Turismo, o sea pueden alquilarlos por semanas o meses, pero no en los circuitos de comercialización turística. Como aquí cabe una interpretación laxa, el propietario se siente indefenso y reclama protección al Govern Balear, el cual está más atento a las directrices que emanan desde el lobby hotelero que a las asociaciones de propietarios de apartamentos.
En otros casos, estos pueden acogerse a la LAU, pero no a la Ley de Turismo, o sea pueden alquilarlos por semanas o meses, pero no en los circuitos de comercialización turística. Como aquí cabe una interpretación laxa, el propietario se siente indefenso y reclama protección al Govern Balear, el cual está más atento a las directrices que emanan desde el lobby hotelero que a las asociaciones de propietarios de apartamentos.
Por lo que he mirado por encima, sin ser un especialista, al final tendrán que convivir ambas modalidades, hotel y apartamento. Entre otras consideraciones, ¿quién nos asegura que muchos apartamentos turísticos no están en el mercado precisamente porque los pusieron los mismos hoteleros? Al principio –hablo incluso de los años 70– los hoteles contrataban compulsivamente, hasta el punto de encontrarse en aprietos por el overbooking, es decir, vendían más habitaciones de las que tenían disponibles en realidad. Solución: para evitar la denuncia, abrían una botella de champán al turista damnificado y le decían que le habían reservado en suerte un hermoso apartamento para él y su señora. Centro de mesa con rosas y una bandeja de frutas locales, etc. El caso de Ibiza en concreto ya es mucho más brutal. No será fácil olvidarse del tema. Seguiremos, porque nos espera un verano movidito.